Estado

Crea Estado Unidad Especializada en Delitos Electorales

Hasta 22 años en prisión a quien utilice recursos de origen ilícito para apoyar una campaña

Tomada de internet

Bernardo Islas
El Diario

martes, 16 febrero 2021 | 06:00

Chihuahua– La Fiscalía General del Estado (FGE) creó la Unidad Especializada en Investigación y Persecución en Materia de Delitos Electorales, la cual inició su instalación el pasado domingo, según el Acuerdo A/001/2021 publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Ley General en Materia de Delitos Electorales, en donde se manifiesta que las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas deberán contar con entes especializados en la persecución de este tipo de ilícitos; además deben ser dotados de los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación.

Dicha unidad recibirá y tramitará las denuncias correspondientes. Además señala que la persona responsable de esta área se coordinará con los encargados de las fiscalías de Distrito de las diferentes zonas del estado.

La ley que sanciona los delitos electorales fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, por lo que desde dicha fecha se instruyó a las legislaciones locales hacer las modificaciones a los mandatos legales.

La sanción más grave contemplada en este ordenamiento está en su artículo 15, en el cual establece que se impondrán de mil a 5 mil días multa y de 5 a 15 años de prisión al que por sí o por persona interpuesta realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

Sin embargo, esta pena aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se haga en apoyo de una precampaña o campaña electoral, por lo cual podrían ser hasta 22 años en prisión en contra del infractor.

Esta ley dice que el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por este tipo de delitos; además, si los transgresores son servidores públicos, se les inhabilitará para ocupar un empleo, cargo o comisión en el ámbito federal, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de Ciudad de México, de 2 a 6 años y, en su caso, la destitución del cargo.

Asimismo se contempla imponer una multa de 400 a 800 días a quienes habiendo sido magistrados electorales, federales o locales, consejeros electorales, nacionales o locales, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o cargo equivalente en los organismos públicos locales electorales, desempeñen o sean designados en cargos públicos por los poderes Ejecutivo o Legislativo cuya elección hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de elección popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo.

En este contexto, según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del mes de octubre de 2016 a diciembre de 2020 (administración 2016-2021) se ha abierto un total de 62 carpetas de investigación por algún tipo de delito electoral, de los cuales el 53.22 por ciento de los casos fue en el 2018, cuando se realizó la elección intermedia en el estado y la renovación de la Presidencia de la República y del Congreso de la Unión.

El municipio de Chihuahua es donde más casos se han registrado con 23 investigaciones, seguido de Juárez con 21 y Cuauhtémoc con tres; el resto de las denuncias por delitos electorales fueron en otros 12 municipios de la entidad.

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