Estado
A 10 años de su asesinato

Falló la justicia en caso Marisela: CNDH

Dejaron juzgados quienes absolvieron al homicida de su hija

El Diario

Miguel Vargas
El Diario de Juárez

domingo, 18 octubre 2020 | 09:01

A casi 10 años del asesinato de Marisela Escobedo, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, informó que la investigación de este homicidio “no ha tenido un cierre formal”.

Esto mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mantiene vigente la recomendación 44/2013 de este caso, en el que se evidencian las fallas del sistema judicial en Chihuahua, se piden correcciones y la investigación de servidores públicos intervinientes, además de una disculpa pública del Estado.

La CNDH condena las actuaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalando la revictimización de Marisela y su familia, que recrudeció el 3 de mayo del 2010 con la absolución del asesino de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, según menciona el documento redactado de la síntesis del caso.

Marisela Escobedo fue asesinada el 16 de diciembre del 2010 frente a Palacio de Gobierno, luego de dos años de exigir justicia por el homicidio de su hija.

Dos de los jueces que absolvieron a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, el protagonista de la tragedia que afligió a toda una sociedad, trabajan actualmente en la administración pública.

Rafael Baudib Jurado es actualmente visitador titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la ciudad de Chihuahua, mientras que Catalina Ochoa Contreras es titular del Departamento Jurídico de la Contraloría municipal de Juárez, confirmaron ayer las dependencias.

El tercer juez de la terna que puso en libertad a Barraza Bocanegra, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, falleció en 2018, de acuerdo con archivos periodísticos. 

Según se conoció, Catalina Ochoa ocupa ese cargo en el Municipio desde agosto del 2018, invitada por el contralor Gustavo Méndez Aguayo, quien también es abogado.

Baudib Jurado tiene también en funciones dentro de la CEDH desde julio del 2018, donde su responsabilidad es atender a víctimas de violaciones a derechos humanos en la oficina de Orientación y Quejas.

Ambos habían estado fuera del escenario público a partir de su renuncia al Poder Judicial en el año 2010, informó el Tribunal de Justicia del Estado.

El retiro obedeció al veredicto que emitieron a favor del señalado como responsable de asesinar a Rubí Marisol, aun y cuando el acusado de alguna manera reconoció su participación en el crimen de quien fuera su pareja sentimental.

En una entrevista pública, los jueces de esa terna sostuvieron que se habían apegado a las leyes del Nuevo Sistema de Justicia Penal que entonces se estrenaba en Chihuahua, donde la confesión dejó de ser válida como prueba en los delitos. Acusaron al Ministerio Público de no haber hecho una buena investigación.

De acuerdo con el fiscal Peniche, el homicidio de Rubí Marisol, asesinada por Barraza Bocanegra en 2008, ya cuenta con un expediente cerrado, luego de que el victimario fue asesinado en noviembre de 2012.

En este caso, al conocerse la muerte de Barraza Bocanegra el expediente sobreseyó ya que era el único señalado como responsable, dijo Peniche.

La orden de aprehensión contra el homicida se había solicitado apenas un mes antes de su muerte, el 7 de octubre de 2012, se menciona en la recomendación de la CNDH.

Pero en el caso de Marisela Escobedo “en la investigación aún no hay un cierre formal”, expresó el fiscal general de Chihuahua.

Ayer se trató de buscar la opinión de los jueces que intervinieron en la liberación de Barraza en abril del 2010, pero ninguno de los dos antes mencionados contaba con su teléfono celular activado.

La recomendación de la CNDH se basa en el historial del caso expuesto por la víctima principal, Marisela Escobedo, en su denuncia ante ese organismo el 16 de noviembre de 2010, un mes antes de que fuera asesinada frente a Palacio de Gobierno en la capital del estado.

Ella había solicitado que se investigaran las conductas de servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia y de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua.

Ante esa representación, la víctima contó de su activismo en pro de justicia, porque el homicida de su hija no era detenido, y fue liberado cuando finalmente las autoridades lo habían aprehendido.