Juárez

Impunidad la lleva a estudiar Derecho

Para defenderse sola pagó su carrera juntando aluminio

Luz del Carmen Sosa
El Diario de Juárez

domingo, 28 junio 2020 | 06:00

Ciudad Juárez— La impunidad que prevalece en el caso del ataque armado contra su esposo, perpetrado en la ciudad de Chihuahua en el 2017, orilló a Nancy Collazo, nombre ficticio que ofrece la testigo protegida y esposa de la víctima, a estudiar una licenciatura en Derecho.

Sus estudios los paga con su actividad de pepenadora, al recolectar aluminio, papel y plásticos que vende en el estado al que fueron desplazados por estar libres sus agresores.

“Soy pepenadora y lo digo con orgullo porque entendí que nadie nos iba a defender y yo tenía que hacerlo por mi familia”, dice la mujer en entrevista telefónica.

La pareja y sus hijos abandonaron el estado poco después de que el padre, que apoyaba a su esposa en la venta de burritos afuera de una tienda comercial, fue atacado tras recibir amenazas de que dejaran de vender comida en ese punto. Antes de la agresión habían recibido amenazas que denunciaron y, asegura, no hubo investigación de los hechos.  

La semana pasada fueron advertidos de que su casa fue vandalizada y aunque también notificaron al Ministerio Público del hecho, este acto no fue debidamente investigado.

Le retiran apoyo económico

El jueves y viernes acudieron a una reunión con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceave), Irma Villanueva, para exponer la situación y fueron notificados de que el apoyo económico de ocho mil pesos mensuales les sería retirado a partir del mes de octubre. La familia deberá decidir si regresa a Chihuahua o permanecen, sin ninguna ayuda gubernamental, en el punto al que fueron enviados, explica Collazo.

El viernes la madre de familia hizo la denuncia pública, además por medio de un escrito solicitó al juez de Control una audiencia para que comparezca la agente del Ministerio Público que lleva su caso y explique el nulo avance de la carpeta de investigación 19/2017/18826.

Este sábado por la tarde, a través de un comunicado de prensa la Ceave informó que el caso de víctimas de tentativa de homicidio de un hombre “ha sido atendido cabalmente desde agosto del 2017, cuando las personas se acercaron a la institución”.

En el plan integral de atención emergente, se acordó como medida de protección consensuada con él y su familia, ubicarles temporalmente en otra ciudad con el fin de resguardar su integridad física, mental y emocional. Plan de atención integral que ha sido revisado y modificado en varios momentos, con la finalidad de actualizarlo a las condiciones que han vivido las víctimas, cita el comunicado.

En este sentido, agrega el documento oficial, por medio de los programas que maneja la Comisión Ejecutiva, se ha apoyado desde 2017 a la fecha una mensualidad para renta y alimentación, entre otras asistencias y múltiples vinculaciones para retomar en lo posible su vida. Medidas asistenciales que se han proporcionado siempre bajo los principios de buena fe, máxima protección, debida diligencia y protección de la niñez.

Sobresale que se han activado de manera emergente y ordinaria una serie de gestiones, diligencias y trámites con la intención de que dichas víctimas puedan superar las consecuencias del hecho victimizante, menciona.

“Asimismo, se ha brindado acompañamiento a través del Sistema Estatal de Víctimas donde diversas dependencias han ofrecido apoyo en materia de salud, desarrollo social, seguridad, entre otros temas, tanto en esta ciudad, como en la ciudad donde fueron trasladados”, cita textualmente.

De igual forma, a través de la comisionada y equipos multidisciplinarios se les ha atendido con diligencias, asesorías y orientaciones constantes como parte del acompañamiento psicosocial que analiza las afectaciones y necesidades en contextos individual, familiar y social.

Interponen queja en la CEDH

La inconformidad de la familia motivó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Este organismo “hizo un estudio minucioso de las violaciones a DDHH alegadas por las víctimas, concluyendo que no existe violación a los derechos humanos de las víctimas, pues, se ha actuado sobre poniendo el interés superior de la niñez”, menciona el comunicado.

La madre de familia asegura que impugnó la resolución, al considerar que no investigó la actuación de la Ceave.

La dependencia destaca en su comunicado de prensa que la resolución de la CEDH menciona que “las medidas de ayuda proporcionadas por la Ceave, han sido proporcionadas debidamente y se han ajustado a lo que la ley refiere, tabuladores y a las reglas de operación aplicables”.

El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, expone que la Ceave ha dado seguimiento de acuerdo con los protocolos.

“El plan integral se les explica y se les propone, ellos aceptan o rechazan. Todas las medidas fueron aceptadas por ellos en consecuencia. Pero se debe entender que las medidas son de carácter temporal, son medidas transitorias. Por otra parte, tratándose de la investigación, se ha atendido la integración de la carpeta, pero el resultado va en función de las circunstancias en las que se desarrollan los hechos”, explica.

Refiere que es de tomarse en consideración que la condición de riesgo se detectó en su momento para la víctima directa, y en estos momentos y desde hace varios meses según se tiene noticia, el afectado directo no cohabita ya con el resto de la familia e incluso abandonó los esquemas de protección que se acordaron.

Prevalece el riesgo

La madre de familia refirió que, por las condiciones críticas por la falta de empleo, de salud y marginalidad en las que han vivido desde el mes de febrero, cuando la casa amueblada arrendada fue puesta a la venta, la madre buscó una casa acorde con el recurso asignado y ha trabajado como pepenadora para pagar sus clases y mantener a sus hijos.

Refiere que la relación con su pareja se deterioró a consecuencia de la falta de atención psicológica, pues enfrenta una severa depresión y problemas de salud consecuencia de los seis disparos que le realizaron, por lo que se divorciaron en febrero, cuando la Ceave lo requirió, sin embargo, sostiene que la situación de alto riesgo prevalece para la familia, pues ella es testigo y quien ha realizado su propia investigación al observar que los responsables de las agresiones no han sido sujetos a proceso penal.  

“El caso está atendido a medias, no se nos ofreció una ayuda integral. Que nos comprueben qué diligencias han realizado los asesores jurídicos, qué han solicitado ante el juez, que muestren su trabajo y me callen la boca. Yo estoy encabezando mi defensa porque tuve que entrar a estudiar Derecho”, refiere.

“Yo eso sí le reconozco y agradezco a la Ceave, gracias a todos los abusos y violaciones a nuestros derechos, gracias a todo lo que nos han hecho es que me llevaron a estudiar. Yo necesito 58 pesos diarios para pagar mis estudios, los cuales los junto recolectando plástico, aluminio, vidrio y todo lo que me encuentro en la calle yo lo vendo y lo hago porque veo las deficiencias de la investigación”, expresa.

‘No hubo interés de esclarecer el hecho’

La madre de familia, que ayer estaba acompañada de su exesposo, asegura que la carpeta de investigación tiene fallas en su integración y no se ha seguido el debido proceso ni tiene certeza jurídica, lo que los revictimiza.

“No me voy a atener a la Fiscalía, ni a la Ceave, pero sí voy a ejercer mis derechos. No tendríamos por qué estar fuera de nuestra casa, del estado y padeciendo cuando nos sacaron sin una red de apoyo si la FGE hubiera esclarecido el caso. Por qué las víctimas tienen que huir y los criminales quedarse, eso es algo que tiene que explicar el gobernador Javier Corral y la nula justicia”, sostiene.

Asegura que la mujer detenida e identificada en el expediente como Perla Selene G. G. señaló a Nayeli V. P. como participante en el ataque ordenado por un hombre identificado como “Pecheras”, en ese momento detenido en el penal de Aquiles Serdán. Además, la víctima identificó a Iván G. G. como el responsable de las amenazas.

“No hubo interés de esclarecer el hecho. Qué más querían para investigar, lo único que hicieron fue sacarnos del estado y ahora estamos aquí porque nos vandalizaron la casa, cómo vamos a regresar. Se suponía que iban a custodiar nuestra vivienda para evitarnos esto”, lamenta.

La Ceave precisa que “las medidas de atención que brinda tienen el objetivo de apoyar a quienes han sido víctimas del delito o violaciones a derechos humanos, a superar las condiciones de emergencia y afectaciones sufridas; para retomar, restaurar o modificar el proyecto de vida, pero de ninguna forma son ayudas asistenciales indefinidas”.

[email protected]