Nacional

Critican uso de militares en temas de seguridad

Amnistía Internacional recordó abusos cometidos en 2020 por elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional

Agencia Reforma / Elementos de l Sedena

César Martínez / Agencia Reforma

miércoles, 07 abril 2021 | 06:46

Ciudad de México—  El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha usado a más militares en temas de seguridad que en las Administraciones de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, aseguró Amnistía Internacional (AI).

En su informe anual, que se difunde hoy, el organismo recordó abusos cometidos en 2020 por elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Como el ocurrido el 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando soldados mataron a Arturo Garza, un joven de 19 años que estaba desarmado y había sobrevivido a un tiroteo entre militares y un presunto grupo delictivo.

O la muerte de Jéssica Silva, de 35 años, quien perdió la vida luego de que la Guardia Nacional abrió fuego contra su vehículo tras participar en una protesta de agricultores por los derechos sobre el agua en septiembre pasado en Delicias, Chihuahua.

"El Gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores", asegura en su reporte.

"En mayo, el Presidente emitió un decreto que permitía el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024".

De acuerdo con Amnistía Internacional, dicho decreto carece de preceptos para garantizar que el comportamiento de las Fuerzas Armadas sea conforme a las normas internacionales, al tiempo que López Obrador también les dio el control de puertos y aduanas.

El apartado sobre México agrega que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue sin analizar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, impugnada en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante una acción de inconstitucionalidad.

Para AI, las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado o por particulares siguen siendo motivo de preocupación, aunado a que los responsables gozaban de una impunidad casi absoluta.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, recordó que el año pasado se denunciaron 3 mil 752 asesinatos, pero sólo 969 fueron investigados como feminicidios.

"El Estado de México registró la mayor cifra absoluta de feminicidios, seguido de Veracruz; los estados de Colima y Morelos presentaron las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100 mil mujeres", detalla.

"Después de que se produjeran importantes protestas sociales, el Gobierno desistió de aplicar medidas de austeridad que proponían recortes en el presupuesto para las Casas de Mujeres Indígenas y Afromexicanas y para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres recortó el 75 por ciento, 151 millones de pesos, de su presupuesto operativo".

Los homicidios de 24 defensores de derechos humanos y de 19 periodistas, durante 2020, también son mencionados en el informe, así como violaciones a los derechos de los migrantes.

"La tortura y otros malos tratos seguían siendo motivo de honda preocupación", plantea.

"Las investigaciones sobre los informes de tortura eran generalmente defectuosos y los sospechosos de responsabilidad penal rara vez comparecían ante la justicia".

Y cuestionan manejo de pandemia

En su informe anual, Amnistía Internacional señala que México redujo su gasto ante la pandemia de Covid-19, mientras que el personal de salud sufrió agresiones de la población.

"El Gobierno reaccionó a la pandemia de Covid-19 con recortes del gasto público en diversas áreas", señala el documento.

"En abril, el Gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público salvo en programas que se consideraban prioritarios, como varios proyectos importantes de infraestructura".

De acuerdo con el informe de AI, el año pasado fallecieron en México al menos 2 mil 397 profesionales de la salud por coronavirus.

"Varias personas trabajadoras de la salud expresaron su preocupación por las contrataciones irregulares y la falta de subsidio por enfermedad y otras prestaciones, lo que en ocasiones les acarreó represalias".