Opinión

Caso Atenco, a casi dos años de la sentencia

Hace ya casi dos años, fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la sentencia que condenó al Estado Mexicano

Mayra Chávez
Abogada

martes, 15 septiembre 2020 | 06:00

Hace ya casi dos años, fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la sentencia que condenó al Estado Mexicano por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco y que expusieron la inhumana forma en la que se reprimieron las manifestaciones que se realizaban, inicialmente,  por quienes eran identificados como parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y que habían colocado diversos puestos para la venta de flores con motivo de una festividad local, al ser removidos como parte de un operativo de reubicación de comercio informal. 

A la exigencia de reinstalación de las y los vendedores se sumaron algunxs  habitantes de las inmediaciones, bloquearon la carretera y mediante el uso de “machetes” contra las autoridades policiacas, lograron resguardarse en una vivienda de donde fueron desalojados y posteriormente detenidxs. La respuesta recibida fue la privación de la libertad de algunos elementos de las fuerzas policiales a modo de  rehenes que, sumada al bloqueo de la carretera, representaban el instrumento de negociación ofrecido por la liberación de las y los vendedores y su reinstalación.

El conflicto resultó en un rompimiento de todo tipo de bloqueo, realizado por este grupo de aproximadamente 200 ciudadanes, que se distinguió por el uso de la violencia excesiva y la destrucción de viviendas y del auditorio municipal. 

Particularmente, el caso de once mujeres, que fueron detenidas durante estos actos, fue llevado ante la CIDH por los despiadados actos cometidos en su contra y que fueron desde la desaparición al momento de ser detenidas, hasta los golpes, insultos, insultos de connotación sexual, amenazas de muerte y de violación, abuso sexual, violación y falta de atención médica al momento de arribar al Centro de Readaptación Social al que fueron trasladadas.

La Corte resolvió que hubo un uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado, que no había una regulación, supervisión y monitoreo adecuado para este tipo de operativos, que los elementos que participaron en el operativo no estaban debidamente capacitados y que había: “una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos”.

Este antecedente histórico y nada presumible que pronuncia la CIDH en contra de México resulta sumamente relevante a la realidad que vivimos en estos momentos. Hace apenas una semana, se realizó en Ciudad Juárez una manifestación que tenía por objeto apoyar a las activistas que sufrieron una detención arbitraria en el estado de León y, en lo general, realizar una acusación pública en contra del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiacas.

Las autoridades, respondieron con un operativo que fue observado y relatado a través de las redes sociales por los diferentes colectivos que participaron y por las propias mujeres que formaron parte de la manifestación. Se denunciaron amenazas, golpes, abuso sexual y abuso de autoridad durante la detención, así como también actos de tortura desarrollados durante las ocho horas que aproximadamente fueron privadas de su libertad por la autoridad administrativa.

Es evidente que existe la imperiosa necesidad de que los planes de capacitación que son impartidos a las y los elementos policiacos, sean no solamente un requisito de acreditación, sino que su efectividad sea atendida, medible y evaluada; esto no solo como parte de una buena práctica, sino como parte de la obligación que se ha impuesto al Estado Mexicano en esta materia.

El día de ayer como medida reactiva a este hecho, fue presentada ante la Mesa para la Construcción para la Paz por parte del Instituto Municipal de las Mujeres la iniciativa que prevé la creación de un protocolo policial con perspectiva de género cuya usanza sea obligatoria y vigilada, para atender este tipo de manifestaciones que se seguirán realizando mientras que no cambie el escenario social de violencia en el que las mujeres en este país y, particularmente en Juárez, vivimos.

No podemos cerrar los ojos al hartazgo que la sociedad expone ante el libre ejercicio de su derecho a manifestarse. Tampoco podemos seguir cultivando actitudes que menosprecien la integridad y la vida humana al comparar a las personas que ejercen ese derecho con paredes. Quienes se manifestaban en Atenco, no lo hacían de una forma completamente pacífica y aún así la misma sociedad mexicana juzgó y la CIDH resolvió en el mismo sentido contra el Estado Mexicano; ¿por qué queremos continuar justificando la prioridad manifiesta del control gubernamental sobre la protección de los Derechos Humanos de cada habitante de este territorio fronterizo?