Opinión

Cuando las armas jodieron a México

Era 2004 y el presidente George W. Bush decidió no renovar el decreto que 10 años atrás había publicado el presidente Bill Clinton

Jorge Fernández Menéndez
Analista

martes, 16 febrero 2021 | 06:00

Ciudad de México.- Cuando nos preguntamos, como haría Vargas Llosa, cuándo se jodió México en términos de seguridad, podríamos dar varias fechas, pero una es clave: era 2004 y el presidente George W. Bush decidió no renovar el decreto que 10 años atrás había publicado el presidente Bill Clinton, prohibiendo o limitando seriamente la venta de armas de asalto. Bush liberó en forma casi completa la venta de todo tipo de armas, incluyendo las de asalto y armas de guerra, y en pocos meses los grupos criminales en México, que ya estaban comenzando una guerra interna y ejercían un fuerte desafío a las autoridades, tuvieron en sus manos arsenales, habían cambiado pistolas y metralletas por fusiles de asalto, lanzagranadas, fusiles Barrett.

Y en menos de un año contaban ya con armamento muy superior al de las policías estatales y municipales y a las todavía embrionarias policías federales. Fue entonces, todavía durante el gobierno de Fox, cuando se comenzó a recurrir a militares en las tareas de seguridad interior porque simplemente las fuerzas policiales no soportaban el asedio de los grupos criminales y no estaban en posibilidad de enfrentarlos.

A fines de 2006, sobre todo en Michoacán, la presencia del crimen organizado y su control de territorios había crecido de tal forma que el gobernador Lázaro Cárdenas Batel (hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y hoy coordinador de asesores del presidente López Obrador) pidió al gobierno federal, que acababa de asumir Felipe Calderón, ayuda federal para recuperar territorios y control.

El plan Michoacán fue el primero que se realizó basado, sobre todo, en fuerzas militares, y la razón de fondo era muy sencilla: no existía equivalencia entre el armamento y equipo que contaban los grupos criminales en comparación con el que tenían las policías locales. Es muy fácil decir ahora que quizás se tendría que haber iniciado la estrategia rearmando, entrenando y organizando las fuerzas policiales federales y locales antes de recurrir en forma abierta al Ejército, pero se olvidan dos cosas: primero, la situación de emergencia que estaban viviendo distintas zonas del país (porque no era sólo el narcotráfico, los grupos criminales estaban entonces expoliando, por ejemplo en Michoacán, desde las minas hasta a los productores de aguacate) y, segundo, que eso hubiera significado dejar que avanzara ese control territorial del crimen organizado en distintos territorios por un tiempo indefinido, con costos cada vez más altos para la sociedad.

Si partimos de esa realidad, después se pueden hacer todas las críticas posibles sobre las distintas estrategias de seguridad que se han desarrollado desde el 2004 en adelante, pero nada resulta más contundente a la hora de establecerlas que descubrir que las fuerzas de seguridad del Estado debían enfrentarse en muchos puntos del país con criminales mejor armados y equipados, decididos a controlar amplias zonas territoriales.

En 2004, cuando Bush Jr. legalizó la venta indiscriminada de armas, fue cuando, en términos de seguridad, se jodió México. Todo lo demás terminó siendo consecuencia directa de esa inédita posibilidad de aprovisionamiento de armas que tuvieron los grupos criminales, lo que aceleró los otros fenómenos subyacentes, desde la violencia hasta la corrupción.

El domingo, el presidente Biden pidió al Congreso que actúe de inmediato para restringir la circulación de armas de fuego en Estados Unidos, cuando se cumplían tres años del tiroteo en el instituto de Parkland, en Florida, que dejó 17 muertos, el 14 de febrero de 2018. Añadió que “esta administración no esperará al próximo tiroteo masivo” para entrar en acción.

Biden, como lo había hecho en su momento el presidente Barack Obama, siendo desoído por el Congreso, pidió que se promulguen reformas “de sentido común en materia de armas”, que exijan la comprobación de antecedentes de los compradores “para todas las ventas de armas” y que se prohíban los rifles de asalto y los cargadores de alta capacidad, para de esa forma “poner fin a la inmunidad de los fabricantes que ponen armas de guerra en las calles”.

En la frontera de EU con México son innumerables los centros de venta legales de armamento que viven, en buena medida, de la venta a grupos criminales mexicanos. Además, allí se instalan los llamados tianguis de armas, donde se puede comprar desde un revólver hasta equipo de guerra, sin restricción ni control alguno.

A veces no se comprende la forma en que están vinculados estos fenómenos en nuestros dos países: mientras Estados Unidos tuvo, en 2019, unos 39 muertos por disparos de armas de fuego, nosotros tuvimos unos 39 mil homicidios el año pasado, ejecutados en su mayoría por grupos criminales que utilizan las armas que importan desde la Unión Americana.

Ojalá la iniciativa Biden pueda tener futuro ahora que tiene una leve mayoría en el congreso. Se puede entender la pasión por las armas de la sociedad estadunidense, pero nadie necesita un lanzagranadas, un fusil de asalto o un Barrett para cazar venados o para defender su hogar. Se requiere una legislación que, como dijo Biden, simplemente se base en el sentido común.