Opinión

¿Deben abrir los gimnasios?

Desde que inició la pandemia, prácticamente los gimnasios y demás establecimientos en donde se realiza deporte han permanecido cerrados

Olivia Aguirre Bonilla
Académica

jueves, 07 enero 2021 | 06:00

Desde que inició la pandemia, prácticamente los gimnasios y demás establecimientos en donde se realiza deporte han permanecido cerrados, excepcionalmente un mes que fue donde el semáforo estuvo en color amarillo y se permitió abrir con el aforo restringido.

A la fecha permanecen cerrados, pues aún nos encontramos según el semáforo epidemiológico en naranja. Lo anterior ha traído un impacto socioeconómico a quienes su único ingreso deviene de trabajar como instructor (a) o entrenador (a) en los gimnasios y que estos generalmente no cuentan con las prestaciones que marca la ley, ya que trabajan en modalidad de pago al gimnasio por el uso de las instalaciones para prestar el servicio de entrenador (a). Pero el impacto económico también ha venido afectar a los dueños de los gimnasios y al personal administrativo y de limpieza. 

Por ello, un derecho que se ve seriamente afectado es el derecho al trabajo que es igualmente importante que el derecho a la salud, a la integridad personal, a la alimentación, a la seguridad social, y a la vivienda, entre otros y al que no se le ha dado la importancia debida, y es que tales restricciones al derecho han ocasionado crisis económicas en las familias, y como consecuencia el no poder satisfacer las necesidades más básicas como es el alimento, que resulta ser inaplazable y de carácter urgente. Sumándole a lo anterior, los problemas que se presentan para el pago de la hipoteca, la renta, los servicios y recientemente el pago del predial. 

Este sector de la población al igual que otros, ha permanecido discriminado, pues el estado no ha tomado medidas que velen por asegurar sus ingresos económicos y medios de subsistencia, de manera que tengan igualdad de condiciones para cumplir las medidas de contención y protección durante la pandemia, así como condiciones de acceso a la alimentación, a la protección de la familia y otros derechos esenciales.

Cuando el Estado decide limitar el derecho al trabajo, atendiendo al caso específico abordado, como medida para enfrentar la pandemia, tiene que velar porque tal medida esté plena y estrictamente justificada, sea necesaria y proporcional, teniendo en cuenta todos los derechos en juego. 

En este sentido haciendo un breve análisis, tenemos que, si bien el cierre de los gimnasios puede estar justificado en un primer momento como medida para enfrentar la pandemia, resulta que esta medida no visibiliza las consecuencias, ya que no hemos visto por parte de las autoridades planes de recuperación económica para este sector, como podría ser el otorgamiento de subsidios, rentas básicas u otras medidas de apoyo económico. 

Además, la medida no resulta ser necesaria, pues se debe hacer una selección de medios idóneos y elegir el más benigno con el derecho fundamental afectado en este caso el derecho al trabajo. Así pues, el estado no realizó esa selección de medios, pues no justifica por qué cerrar los gimnasios es el medio idóneo, inclusive que observa la falta de diálogo con los grupos afectados, además no se atendió al diálogo nacional e internacional, para el intercambio de buenas prácticas en materia de estrategias exitosas, pues en el caso de Guadalajara esta ciudad se encuentra en semáforo naranja y los gimnasios permanecen abiertos, de igual manera en la ciudad vecina de El Paso, Texas continúan abiertos los gimnasios. 

De allí que existan medios alternativos a la prohibición de abrir los gimnasios que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público y que afectan en menor grado al derecho al trabajo. En consecuencia, dicha medida resulta ser desproporcionada. 

El derecho no se debe limitar más allá de lo estrictamente necesario. Por ello la autoridad está obligada a evaluar permanentemente la necesidad de mantener la vigencia de la medida que restringe el derecho al trabajo. Pero en esa evaluación se debe propiciar espacios de diálogo particularmente con los grupos afectados, la sociedad civil, la academia, personas expertas o entidades especializadas en los derechos económicos, sociales y culturales.

El trabajo sin duda es una actividad esencial, cualquiera que sea.

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