Opinión

¿Dónde están los desaparecidos?

El 30 de agosto fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y no debe pasar desapercibido que esta frontera es el municipio con más reportes de desaparecidos en el estado

Olivia Aguirre Bonilla
Académica

miércoles, 02 septiembre 2020 | 06:00

El 30 de agosto fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y no debe pasar desapercibido que esta frontera es el municipio con más reportes de desaparecidos en el estado, con 829 reportes vigentes, seguido de Chihuahua, con 577; Cuauhtémoc con 524 y otras localidades con más de 100 víctimas, como Nuevo Casas Grandes, Madera, Parral y Ojinaga, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 30/08/20).  

Resulta importante diferenciar entre la desaparición forzada de personas, y la desaparición cometida por particulares, la primera de ella implica el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, inclusive es considerada por el Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad por la grave violación a derechos humanos que conlleva; la segunda atiende al delito que se comete por particulares al privar de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero.

Chihuahua atendiendo a las obligaciones dirigidas a las entidades federativas en Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, crea la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Chihuahua, y a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, le agrega la connotación de “desaparición forzada” es decir actualmente esta lleva el nombre de Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada.

Pero los esfuerzos en crear instituciones especializadas y comisiones de búsqueda, resultan insuficientes si no se observa un compromiso real por parte de las autoridades, y es que la ineficacia de las autoridades encargadas de la investigación y persecución de estos delitos, no sólo persiste en este tipo de delitos, sino que es generalizada, se observa el mismo patrón de comportamiento en quienes tienen el deber de investigar, pues cuando uno acude a revisar su carpeta de investigación en muy común que las respuestas sean las mismas, como que el Ministerio Público que lleva su asunto está de vacaciones, que no es posible judicializar porque están llevando puros asuntos urgentes, que el Ministerio Público que trae su carpeta no viene hoy, que hay que llevar nuevamente a los testigos a declarar ante el agente ministerial porque se extraviaron las declaración que se habían tomado, en fin, un sin número de justificaciones sin sentido, que terminan violentando los derechos de las víctimas por la falta de actuación inmediata y más aún cuando se trata de este tipo de delitos en donde la debida diligencia resulta ser indispensable para la pronta localización de la persona.

Además, debe atenderse la salud y la economía de los familiares de las víctimas, quienes terminan con padecimientos crónicos tanto físicos como mentales, derivados de la incertidumbre que conlleva el no saber si se encuentra con vida su familiar, y el desgaste económico que ocasiona el emprender búsquedas desde sus trincheras por la falta de actuación de las autoridades. Es por ello que las víctimas deben de recibir de manera inmediata medidas de ayuda, asistencia y atención que les permitan aminorar ese proceso indeseado. 

Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida; al acceso a la justicia; a la reparación del daño y a las garantías de no repetición, pero la impunidad termina agravando el sufrimiento y la angustia. 

Por ello las autoridades deben tomar las medidas necesarias para asegurar la efectiva implementación de la legislación en la materia y el funcionamiento oportuno de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que se logre realmente su función como lo es el integrar los esfuerzos de las autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de las personas.

Así pues, la búsqueda de las personas desaparecidas debe hacerse tomando en cuenta las Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la ONU, entre los cuales se encuentra el deber de realizarse en todo momento bajo la presunción de vida y respetando la dignidad de las víctimas. 

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