Opinión

En la disputa por el agua, fue el Estado

El gobierno que prometió defender los intereses de los mexicanos, no solamente le está dando la espalda a los trabajadores del campo, sino que además, acusa complots de exgobernadores de Chihuahua

Sixto Duarte
Analista

martes, 15 septiembre 2020 | 06:00

Todos recordamos que, durante los lamentables hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, la izquierda que hoy gobierna (junto con sus seguidores) lucró políticamente hasta cansarse con la frase “Fue el Estado”. En su realidad alterna (en la que todavía viven, sueñan, y gobiernan) fue el Estado Mexicano, encabezado entonces por el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien era responsable de la desaparición de los 43 normalistas.

De nada sirvió que se acreditara no sólo que el Ejército no tuvo que ver en tal desaparición, ni mucho menos que se probara que había sido la Policía Municipal de Iguala (a cargo de José Luis Abarca, electo por la coalición que encabezada López Obrador en su momento) la que había desaparecido a los jóvenes. Igualmente ignoraron que el gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre, tenía mayor nivel de responsabilidad en esto. No. Chairos se llenaban la boca diciendo que “Fue el Estado” y el propagandista Epigmenio Ibarra, pasaba lista de los estudiantes desaparecidos, atribuyéndole tal crimen al gobierno de Enrique Peña. El gobierno de Peña, se vio rebasado y paralizado ante estas acusaciones, y se dedicaron a cometer errores, mismos que a la fecha pagan.

Hoy, en medio de este conflicto del agua que vivimos en la entidad, la Guardia Nacional ya cobró dos vidas de productores que hoy se convierten en mártires de esta lucha por el agua entre el pueblo de Chihuahua, y el Gobierno federal más entreguista a los intereses norteamericanos que ha habido en el último siglo. En este caso, es el Estado mexicano el responsable por el homicidio de los dos productores que lo único que hacían era luchar por su sustento. El Gobierno federal tiene las manos llenas de sangre, por estas dos muertes.

Muerte, polarización, crispación política en la entidad, así como incertidumbre para poder garantizar el riego suficiente para los ciclos venideros, son lo que ha dejado la participación del gobierno de López Obrador en Chihuahua, a partir de este conflicto. El Tratado de Aguas de 1944, claramente establece que, si dentro del ciclo de cinco años, no se puede cumplir por una sequía extraordinaria con los compromisos de México, simplemente se acumulará el volumen adeudado para el siguiente ciclo. Incluso, el espíritu del propio Tratado establece que México (y en su caso, Estados Unidos) deberán satisfacer sus necesidades de agua y hasta entonces pagar con los remanentes el compromiso de agua pendiente. Y es que esto es lógico; no puede haber una interpretación jurídica tan draconiana que le impida a los productores mexicanos cumplir con su labor. Esto no lo digo yo, sino una interpretación del tratado contenida en “Tratado sobre aguas internacionales entre México y Estados Unidos: Definición y clasificación de sequía”, un documento de la Comisión Nacional del Agua, emitido en mayo de 2011.

En el caso concreto, el Gobierno federal, ese que promueve abrazos y no balazos con los criminales, el que se dedica a liberar delincuentes que ya ha aprehendido, no le corre las mismas cortesías a los trabajadores del campo chihuahuense, y en cambio, les manda la fuerza pública a reprimir, y matar, con tal de cumplir con una interpretación miope y poco humana del tratado.

El gobierno que prometió defender los intereses de los mexicanos, no solamente le está dando la espalda a los trabajadores del campo, sino que además, acusa complots (como ha sido su costumbre) de exgobernadores de Chihuahua, y una campaña del PAN para desprestigiar al Gobierno federal. Es una salida muy cómoda (y a la vez cobarde) que en vez de buscar una solución genuina al problema del agua, mejor se dediquen a buscar culpables.

En esta disputa, quien parece haber entendido el mensaje es el superdelegado Juan Carlos Loera, pues ya no se ha expresado con la misma ligereza como lo hizo cuando fue enfrentado en Ojinaga. Y es que no hay manera de salir bien librado diciéndole a los agricultores que es mejor dejarlos sin agua para entregarla a otro país.

Quisiera ver a los feligreses del Gobierno federal, así como al propagandista Epigmenio Ibarra, repetir hasta el cansancio que, en el homicidio de los dos productores chihuahuenses, “Fue el Estado”. Evidentemente no lo dirán; lo que buscaban con Ayotzinapa no era justicia, sino lucro político. Han demostrado ser mezquinos hasta en eso.