Opinión
OPINIÓN

Está de regreso en uniforme de policía

Se trata de Manuel Espino Barrientos, otrora activo militante panista, exfuncionario estatal, expresidente nacional del PAN e iniciador del Yunque en Juárez, Chihuahua y parte del norte del país

LA COLUMNA
de El Diario

miércoles, 14 octubre 2020 | 06:00

-Está de regreso en uniforme de policía

-Hay otro ganador en conflicto por el agua

-Siempre sí quieren a la Guardia Nacional

-Ni los panistas defienden a Elizondo

El próximo año hay elecciones en 26 estados de la República. En 15 de ellos se renovarán las gubernaturas. Sonora es una de esas entidades cuya elección local tendrá efectos en Chihuahua. Además de ser vecinos geográficos, la definición de esa postulación puede llevar al gabinete federal a un viejo conocido de los chihuahuenses.

Se trata de Manuel Espino Barrientos, otrora activo militante panista, exfuncionario estatal, expresidente nacional del PAN e iniciador del Yunque en Juárez, Chihuahua y parte del norte del país.

Espino desarrolló gran parte de su activismo político y como servidor público en el estado grande. Hoy se desempeña como comisionado del Servicio de Protección Federal (SPF), dependencia a la que recientemente el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, le ha dedicado particular atención. Se ve muy raro en uniforme de policía pero ahí lo dejamos para la opinión de sus fans. Imagen en versión digital de La Columna.

En la reciente graduación de más de 850 nuevos policías federales, Durazo aseguró que es la mejor oportunidad para relanzar al SPF. Reconoció que no lo había hecho antes, lo que implicó de facto un reconocimiento a Espino, recientemente nombrado al frente de esa instancia.

Y si Durazo pronto renuncia a la SSPC para contender por la gubernatura de Sonora, no se necesita mucho para adivinar a quién va perfilando para relevarlo en el cargo.

¿Pero cómo es que un político con origen panista, identificado y militante en la ultraderecha, ha logrado penetrar la impenetrable coraza izquierdista y ultraizquieridista de la 4T? La respuesta es ultraconocida para muchos (as), para otros (as) la leeremos mañana en una segunda y última parte de este bloque.

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Increíblemente ha venido a ser el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el principal ganón del conflicto por el agua que ha sufrido en particular este año la región centro-sur de la entidad, con un fuerte impacto mediático a nivel nacional e internacional.

Ayer de nuevo hubo encerrona –la tercera ya- en la Ciudad de México entre representantes de la Cuarta Transformación en la Secretaría de Gobernación; líderes del PRI nacional y estatal; el jefe coordinador de los distritos de riego en conflicto, Salvador Alcántar y otras figuras del estado.

El PRI –a través de diputados federales y locales- fue admitido al juego por Andrés Manuel López Obrador tras ser traicionado por Javier Corral Jurado quien, tarde, quiso tomar la bandera contra la extracción de agua de las presas de la zona para cumplir el viejo tratado internacional de agua México-Estados Unidos pero antes había ninguneado a los productores, les echó a la policía antimotines y les cerró a tranca y lodo las puertas de Palacio de Gobierno.

Sin duda la zona es propanista desde Meoqui, Delicias, Camargo, Jiménez y Ojinaga, pero no corralista. Esto ha complicado las interlocuciones para alcanzar el acuerdo sobre las cifras de agua ya extraídas, y las que faltan de aquí al 24 de octubre, fecha en la que no saldrá por las válvulas ni un litro más hasta el nuevo ciclo agrícola 2021.

Corral le hizo al zorrillo rengo con los productores, trató de sorprender a López Obrador, se enredó en sus intereses unipersonales, se coló el PRI con su dirigente estatal, Omar Bazán, a la cabeza, y el conflicto parece a un paso de quedar atrás apenas sean despejadas las vías férreas bloqueadas en la llamada estación Consuelo, municipio de Meoqui, a escasos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Chihuahua.

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Precisamente ese tema sobre el bloqueo a las vías del ferrocarril en Estación Consuelo fue tema de nueva cuenta en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las presiones de los grupos económicos afectados son tales que el conflicto escaló hasta Palacio Nacional, aparejado con el problema del agua.

El jefe del Ejecutivo fue muy claro en la advertencia de que no se utilizará a la Guardia Nacional para reprimir la protesta y liberar las vías, cuyo cierre ha dejado miles de millones de pesos en pérdidas a varios ramos de la industria en el norte del país.

De entre lo destacable que dijo López Obrador estuvo el insistente reclamo a la administración de Javier Corral: las autoridades estatales y locales impulsaron el movimiento, que ahora sean las mismas las que lo paren.

Las referencias del presidente no fueron gratuitas. Desde mediados de septiembre la Guardia Nacional, por instrucciones de su titular, el general Luis Rodríguez Bucio, iría a levantar el bloqueo junto con elementos de la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad, pero en dos ocasiones se abortaron los operativos cuando intervino el Palacio de Gobierno.

Luego vinieron las exigencias de la salida de la GN de las presas y lo demás ya es historia. Ahora el Gobierno del Estado, tal como lo evidenció López Obrador, sí quiere a la Guardia Nacional para hacer el trabajito de liberación de las vías que exige el empresariado.

De lo dicho ayer se sobrentiende que el Gobierno federal no moverá un dedo para quitar el bloqueo que afecta más la economía regional y estatal que otra cosa.

Tal vez por eso el gobernador Corral anunció acciones legales contra los manifestantes de Estación Consuelo, con quienes dialoga durante el día y por la noche les manda sorpresivamente a los agentes policiacos, para medir el tamaño del operativo obligado que deberá desplegar en las próximas horas.

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Aunque inicialmente estaban aprobadas las comparecencias de cinco secretarios, al final se incluyeron para hoy otros dos que acudirán ante los diputados de la Comisión de Análisis del Informe del Ejecutivo, encabezados por la panista juarense Marisela Terrazas.

Las comparecencias comenzaron ayer con los berrinchudos titulares de Hacienda y Salud, Arturo Fuentes Vélez y Eduardo Fernández Herrera, así como el secretario de Desarrollo Social, Luis Aguilar. Para hoy esperan al secretario de Seguridad y el fiscal general, Emilio García y César Peniche, respectivamente.

Pero además hoy por la tarde acudirán ante la comisión los secretarios de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, y el de Desarrollo Rural, René Almeida Grajeda. Fueron citados por temas torales: la crisis educativa a causa de la pandemia, que se vive en los hogares todos los días; y el agravado conflicto por el agua en medio de un panorama de sequía extrema.

Así quedó la lista completa de secretarios llamados a cuentas por el Legislativo. Lo relevante fue que estuvo entre los posibles invitados el titular de Comunicaciones y Obras Públicas, Gustavo Elizondo, pero fue descartado porque sería pura pérdida de tiempo, pues tiene cero que informar. Así, literal, lo consideraron los legisladores.

Al polémico exalcalde juarense ni los panistas lo defendieron dentro o fuera de la comisión que se encarga de las comparecencias. Era lógico, las pocas veces que ha ido ha dado muestra de que tiene nulo dominio sobre el tema y no hace más que envolverse con sus propios números.