Opinión
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Indicios de venganza en ataque a policías

Es imposible no relacionar la muerte de cuatro presuntos integrantes de La Línea ocurrida el pasado 23 de marzo en Gómez Farías a manos de policías estatales con la emboscada del miércoles

LA COLUMNA
de El Diario

viernes, 02 abril 2021 | 06:00

-Indicios de venganza en ataque a policías

-Quiso salir en fuga jefe del notariado

-Entre la nómina secreta y el negocio del IMSS

-Va la tijera al Tribunal Electoral

Es imposible no relacionar la muerte de cuatro presuntos integrantes de La Línea ocurrida el pasado 23 de marzo en Gómez Farías a manos de policías estatales con la emboscada del miércoles por la mañana contras los estatales en la región de Temósachic-Madera con saldo de cuatro policías muertos y 12 lesionados, al menos tres de gravedad extrema.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó el 23 de marzo que sucedió un enfrentamiento contra el grupo delictivo, pero resulta que las bajas correspondieron únicamente a un bando, ni un solo policía lesionado; vaya, ni patrullas con señales de la “balacera”.

No hubo más detalles oficiales. Dijeron voceros de la Secretaría que los fallecidos presumiblemente formaban parte de un convoy de varios vehículos y sólo el último “agredió” para que el resto escapara. Una versión sospechosamente ligera, superficial y hasta convenenciera.

Ahora el titular de la Secretaría, Emilio García Ruiz, ha adjudicado el ataque contra los policías a miembros de La Línea que operan entre los municipios de Cuauhtémoc, Guerrero, Temósachic y parte de Madera.

Es fácil deducir entonces que se trata de una venganza. La región es la misma. A Gómez Farías lo separan unas decenas de kilómetros del lugar donde ocurrió este miércoles el ataque.

Los policías estatales de bajo rango han quedado expuestos al poder de fuego de los grupos delictivos no tanto porque los combatan, sino por conductas cómplices señaladas a varios mandos de la estatal desde tiempos de Óscar Aparicio, cuando la práctica era chilar y huerto.

Sobre el tema ha hecho oídos sordos el gobernador, Javier Corral, que solapó durante años Aparicio, lo relevó por un dudoso Emilio García a principios del 2020 y ahí tenemos las consecuencias.

Nunca le ha importado al titular del Ejecutivo Estatal la inseguridad en el estado. Hoy tenemos esta de muchas otras pruebas.

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Una pieza si bien no fundamental, pero sí muy importante en el entramado que por gusto de Palacio de Gobierno ha sido llamado “nómina secreta”, es el exdirector del Registro Público de la Propiedad y el Notariado, Daniel Olivas Gutiérrez.

Renunció el aludido al cargo desde principios de febrero, casualmente mientras la lumbre de la “nómina” amenazaba con el ahora incendio que ha pretendido quemar las aspiraciones de la panista Maru Campos por la gubernatura.

Los ventarrones del marzo loco dirigidos por Javier Corral, en efecto, facilitaron la propagación de la lumbre hacia el proyecto de la candidata, pero han ido cambiando de rumbo las llamas y se han vuelto contra los mismos operadores de Palacio.

Uno de ellos es precisamente Olivas, quien operó la famosa “certificación notarial” de los recibos que forman parte de la mentada nómina secreta. Hizo las maniobras presumiblemente junto con el ahora suspendido notario número cuatro, Luis Raúl Flores Sáenz.

La defensa de Maru Campos ha descubierto más delitos cometidos por Olivas y todo su equipo en el manejo documental de ese tema que los presuntamente perpetrados, “y aún no comprobados delitos”, con la entrega de dinero por parte del duartismo a Campos y a casi 100 gentes más.

Es esa una de las razones por las que Corral ha sido colocado entre las cuerdas por los defensores de Maru. Son muchos sus testigos y sus operadores que debieron haber cometido irregularidades, ya sea por obedecer órdenes como subordinados los segundos o por salvar el pellejo los primeros.

El caso de Daniel Olivas es tan fuerte que si bien renunció al cargo sigue manejando las operaciones del Registro de la Propiedad junto con el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta.

Corral no lo ha dejado ir completamente porque es ahora cuando el incendio cobra mayor intensidad.

Y con otra, permanece a la espera de su “premio de consolación”, una notaría.

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Luego de que se diera a conocer la participación de Cristian Rodallegas Hinojosa como creador de la llamada “nómina secreta” del exgobernador César Duarte, del IMSS saltaron los trabajadores para complementar el historial del exfuncionario estatal y federal.

Rodallegas fue el jefe de las finanzas estatales todo el sexenio de Reyes Baeza y los primeros años de la gestión siguiente. Luego fungió como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social otros seis añitos.

Pues bien, según quejas presentadas en las instancias internas del organismo, Rodallegas también encontró la forma de hacer negocios con el IMSS. Puso sus ojos en las guarderías que tiene por todo el estado.

Para ello consolidó un equipo de trabajo integrado por personal de primero, segundo y tercer nivel (algunos de ellos ya jubilados), así como personajes externos a la institución, principalmente involucrados en la política.

Fue así como, en los últimos años de su gestión, inauguró diversas guarderías en distintos municipios de la entidad; muchas, más de 10, podrían ser de su propiedad, pero registradas con prestanombres.

Eso obra en quejas formales que se manejan con extrema reserva en los órganos de control del IMSS, igual que se investiga a personal activo en la Delegación estatal, encargado de operar y dar seguimiento a los contratos de su exjefe.

Ahí sigue la estructura casi intacta en el organismo federal, integrado por quienes le cuidan la espalda al exfuncionario como fieles y bravos perros guardianes.

El doctor Daniel Bonilla y Calderón, actual delegado, se comprometió en su pasado informe de labores, rendido el domingo pasado en Juárez, a luchar por una limpia al interior del IMSS. Seguramente algo sabía de su antecesor y por eso la referencia a un asunto que podría dar mucho de qué hablar.

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No para este año porque ya no se pueden hacer modificaciones, pero para el siguiente seguramente habrá de meterse tijera al Tribunal Estatal Electoral. Se busca reducir de cinco a tres el número de magistrados que lo integran, básicamente.

La Comisión Segunda de Gobernación validó en su reunión antes del asueto de Semana Santa las propuestas que por separado hicieron los diputados de Morena y el priista Omar Bazán, mediante las cuales se busca reformar la Constitución del Estado y la Ley Electoral.

El dictamen está listo en la comisión para subirse al pleno y, por las vísperas, puede adelantarse que será validado.

Con esto, el TEE regresará a su conformación original de tres magistrados, luego de que en 2015 se adecuara la norma para elevar el número a cinco y establecer la extraña designación desde el Senado de la República, que los elige pero no los paga, eso se queda como carga para el Estado.

El método se selección permanecerá como está, con esa compleja tarea asignada a los senadores fuera de la entidad, pero con cargo al costoso y obeso aparato electoral estatal.

A eso no le pueden meter mano los diputados locales, pero al menos la reducción ya es algo. Son dos cargos de 140 mil pesos al mes y cuando menos seis posiciones de secretarios, tres por cada ponencia, de 50 mil mensuales.

De esta forma se salvan Hugo Molina y Roxana García, los dos magistrados recién electos a finales del año pasado. Y en 2022, cuando se acaba el periodo de Adrián Jáquez Flores, Julio César Merino y César Wong Meraz, sólo habrá de elegirse a uno de reemplazo.