Opinión

Inicia la carrera por la gubernatura

Como reza uno de los más conocidos y utilizados refranes de la sabiduría popular en México: 'No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague'

Francisco Ortiz Bello
Analista

domingo, 04 abril 2021 | 06:00

Como reza uno de los más conocidos y utilizados refranes de la sabiduría popular en México: “No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”, refiriéndose a que cuando algo tiene que pasar, pasará sin remedio, no importa cualquier otra circunstancia que pudiera interponerse, incluso ni el tiempo, y bueno, pues las campañas para elegir gobernador o gobernadora de Chihuahua da inicio hoy, precisamente. Se ha llegado el tiempo.

Todos los candidatos saldrán a las calles de la entidad, a partir de hoy, a pedir el voto ciudadano para cada uno de sus respectivos proyectos, hablarán de lo que han hecho, de lo que piensan hacer y, por supuesto, de sus “promesas de campaña” que son la materia prima para convencer al elector.

Antes, ayer por la tarde/noche, el IEE resolvió sobre la validez de cada uno de los respectivos registros de los candidatos, es decir, declarará procedente, o no, cada registro, con lo que quienes reciban la respectiva aprobación se convierten formal y legalmente en candidatos a la gubernatura del estado, representando a sus partidos políticos o coaliciones. 

A la hora de concluir esta colaboración, por motivos del cierre de edición, faltaban aún algunas horas para que se haga efectiva esta resolución del IEE y, aunque no se prevén cambios importantes en ese sentido, sin embargo, existe la posibilidad de que la autoridad electoral valore la actual situación jurídica de una de las candidatas, para pronunciarse sobre ese tema. Es una posibilidad remota, pero existe, de que se pudiera determinar la no validez de su registro.

¿Por qué existe esa posibilidad? Porque tanto en la Constitución General de la República como en la del estado, se señala con claridad una condición específica que deben cumplir quienes aspiran a una candidatura, es decir, a ser votados para un cargo de elección popular.

¿Qué dice la Constitución? La General de la República dice en su artículo 38, fracción II, que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden “Por estar sujeto a un procedimiento criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión (vinculación a Proceso)”, en tanto que la del estado de Chihuahua, en el numeral 23 fracción IV, que “se suspende el ejercicio de los derechos del ciudadano chihuahuense… por estar procesado  criminalmente, desde el auto de vinculación a proceso... hasta que se dicte sentencia absolutoria o se extinga la condena”

A mayor abundancia sobre el tema, la Ley electoral de Chihuahua en su artículo 8, párrafo 1, inciso D, señala que “Son elegibles para los cargos de Gobernadora o Gobernador, diputadas o diputados integrantes de ayuntamientos, las ciudadanas o ciudadanos que además de los requisitos establecidos en la Constitución Federal, la particular del Estado, así como en otras Leyes aplicables, reúnan los siguientes requisitos… inciso d) Presentar ante el Instituto Estatal Electoral, la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, así como escrito de protesta de no contar con antecedentes penales o policiacos en asuntos de materia familiar o de violencia política contra las mujeres en razón de género”.

De este marco legal se derivan diversos análisis jurídicos y electorales sobre el tema, específicamente relacionados al caso de la candidata de la alianza PAN-PRD, la alcaldesa con licencia de la capital María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos. 

Hay especialistas en derecho penal que sostienen que Maru Campos no puede ser candidata al Gobierno del Estado en virtud de que ya fue vinculada a un proceso penal por cohecho (recibir dinero del exgobernador Cesar Duarte a través de la llamada “nómina secreta”), condición que, de acuerdo con la constitución tanto federal como local le impide ser votada, porque dicha vinculación suspende el ejercicio de sus derechos políticos.

También existen abogados que sostienen el conflicto de intereses como causa de nulidad de su candidatura, además de los mencionados en el párrafo anterior, ya que al aspirar a ser gobernadora de Chihuahua, estaría ante la eventual posibilidad de ser jefa o superior jerárquico del Ministerio Público hoy encargado de acusarla y encausarla penalmente, lo cual, desde luego, que sí luce como un claro conflicto de interés.

Sin embargo, hay otro grupo de especialistas en derecho procesal penal y electoral que sostienen todo lo contrario argumentando que, de acuerdo a tesis de jurisprudencia basadas en acuerdos internacionales sobre derechos humanos, la suspensión de los derechos políticos de las personas solo se puede decretar a partir de una condena o sentencia de culpabilidad, o cuando una persona pierde su libertad, derivado de una vinculación a proceso según otras posturas menos rigoristas.

Lo cierto es que estamos ante una situación completamente inédita en Chihuahua. Nunca en la historia de algún proceso electoral en México, se había dado el caso de que alguno de los candidatos entrara a la contienda estando sujeto a un proceso judicial acusado de un delito penal, nunca había ocurrido algo así.

También es cierto que el tema resulta polémico por su misma naturaleza, pero la polémica se incrementa porque Maru Campos había venido encabezando la mayoría de las encuestas de preferencia electoral, realizadas por diversas casas encuestadoras nacionales, lo que la ponía con fuertes posibilidades de triunfo y que, ante las actuales circunstancias, aun no se puede adelantar o avizorar algún posible escenario.

Vale la pena reflexionar mesuradamente sobre algunos aspectos. La causa penal bajo la que está procesada Maru Campos es parte de los llamados “expedientes X” de la denominada “Operación Justicia para Chihuahua”, emprendida por el gobernador Corral, es decir, no es acto aislado en contra de la candidata panista. Por tanto, el argumento de Maru Campos sobre una supuesta persecución política en su contra pierde fuerza, ya que son varios los investigados y procesados.

Por otro lado, al analizar el destino judicial que tuvieron personajes como James Barousse o Fernando Reyes, por el mismo caso de la “nómina secreta”, a Maru le fue bastante bien con las resoluciones judiciales en su caso, ya que no fue sometida a la prisión preventiva como medida cautelar, como sí lo fueron los dos primeros mencionados por montos menores en sus respectivos casos. Comparando el trato judicial recibido por unos y otros, a Maru le fue bastante bien.

Maru Campos acusa frontal y directamente al gobernador Corral, de traicionar a su partido mediante un supuesto acuerdo con el Gobierno federal para entregar el estado a Morena, en la elección del 6 de junio, e insiste en victimizarse como perseguida política, no obstante que de las actuaciones judiciales se desprende que sí existen elementos para presumir su responsabilidad en la comisión de los delitos de los que se le acusa. En ese orden de ideas, concluyo que es ella quien partidiza y politiza un tema que debiera ser eminentemente judicial.

Más allá de valoraciones jurídicas, que se las dejamos a los expertos y especialistas en el tema, lo cierto es que Maru inicia hoy su campaña en medio de un gran escándalo de corrupción, en el que ella es la protagonista en un juicio penal en su contra.

Para Maru, y su equipo de marketing y comunicación, será muy complicado y complejo remar contra la corriente. En lugar de hacer campaña como todos los demás, constantemente tendrá que estar defendiéndose y tratando de convencer a los ciudadanos ya no de que puede gobernar el estado, sino, primero, de que es inocente de lo que se le acusa, y eso la pondrá en clara desventaja sobre los demás candidatos.

Como ciudadanos comunes y corrientes, ajenos por completo a la complejidad y densidad de los conceptos técnico-jurídicos, tenemos la ineludible obligación de razonar y meditar sobre la pregunta de fondo en todo esto: ¿Es bueno para la democracia y la sociedad que una persona que está sujeta a un proceso penal pueda llegar a gobernar un estado, una ciudad o el país? ¿Eso es lo que queremos? Cada uno que reflexione y decida en conciencia.