Opinión

¡Lanzaron a la Guardia Nacional contra el pueblo!

¿Puede el presidente de la República ordenarle a la GN se apodere de las instalaciones de la empresa minera más importante en la producción de oro, a fin de que el metal sea tomado por el Gobierno de la República y lo use para entregarlo a los EU, porque se le debe?

Luis Javier Valero Flores
Analista

jueves, 10 septiembre 2020 | 06:00

¿Puede el presidente de la República ordenarle a la Guardia Nacional se apodere de las instalaciones de la empresa minera más importante en la producción de oro, a fin de que el metal sea tomado por el Gobierno de la República y lo use para entregarlo a los Estados Unidos, porque se le debe?

¿Y que el argumento presidencial fuera el de que, como “es propiedad de la nación”, entonces se puede disponer de esa riqueza discrecionalmente por el mandatario, sólo porque es “propiedad de todos los mexicanos”?

¿Y por qué no lo hace, ahora que falta el dinero para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas?

Por una razón, porque las tierras de la producción minera están concesionadas y, por tanto, mientras no se cancelen, o cambiemos de régimen económico, no se les puede molestar, ni quitar el oro que extraigan del subsuelo.

¿Y entonces por qué razón eso sí lo hace con los concesionarios de los distritos de riego del Río Conchos?

Al igual que los empresarios mineros, los concesionarios de las telecomunicaciones, del transporte urbano, de las autopistas, de los aeropuertos, los concesionarios de los distritos de riego son dueños del agua que amparan sus respectivos títulos, mientras no cambien las condiciones legales de las concesiones.

Más aún, dice la Constitución que las leyes supremas en el país son ese texto y los Tratados Internacionales firmados por México.

Pues bien, el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944 no aplica para el agua contenida en la presa La Boquilla, por lo tanto, mientras no cambie, ni el presidente López Obrador, ni el presidente Trump pueden disponer a su antojo de esa agua.

Ese es el marco legal existente.

¿Acaso no pueden, los funcionarios federales de Chihuahua, informarle al presidente López Obrador que está violando la ley y que no puede enviar a la Guardia Nacional a resguardar la extracción del agua de las presas de Chihuahua, para entregarla a los EU, “para cumplir los compromisos del Tratado”?

Y mucho menos, hacer que el pueblo de Chihuahua, en particular del centro-sur del estado, se enfrente a las fuerzas armadas, tanto la Guardia Nacional, como el Ejército y la Policía Militar.

¿Cómo puede el presidente emanado de la izquierda mexicana lanzar a cientos de soldados -dejemos fuera la patraña de que eran los elementos de la Guardia Nacional y algunas fuerzas del Ejército Mexicano- a resguardar la presa que es un símbolo de orgullo, de pertenencia, de identidad, de recreación y de alimento para una extensa población de Chihuahua?

¿Cómo puede el presidente asegurar que la toma de La Boquilla se debió a un acuerdo de algunos exgobernadores y algunos panistas y que se originó porque el año próximo hay elecciones?

¿Y por qué en las 14 entidades en las que también habrá elecciones en 2021 no existen estos conflictos y en las que también la disputa será, casi en todas, con el PAN? ¿Por qué?

Simple. Porque en ellas no se pretende robarles el agua.

¿Por qué razón, ahora que la presa Marte R. Gómez de Tamaulipas está totalmente llena no les pide a los tamaulipecos que entreguen cantidades extras de agua a los EU?

¿Por qué hasta ahora la Conagua, no sabemos si siguiendo sus instrucciones o no, se ha negado sistemáticamente a confrontar sus cifras de entrega de volúmenes de agua a los EU con las de los productores de los distritos de riego, sin duda, verdaderos expertos en el tema, y para nada, individuos “manipulados”, como permanentemente los califica el presidente?

Por si faltara algo, el atentado en contra de los productores Jessica Silva y su esposo, Jaime Torres, en el que murió ella, en un truculento episodio en el que, presuntamente, elementos de la Guardia Nacional son los responsables, es lo peor de la jornada del martes anterior.

Nunca esperábamos que cosa semejante ocurriera con la izquierda en el gobierno, todo por no escuchar a la gente.

Es el momento en el que los “dueños de su silencio” en Chihuahua, los funcionarios federales, presenten su renuncia por no saber aquilatar la gravedad de las acciones del Gobierno federal, ni informar y evaluar adecuadamente ante el presidente López Obrador que aparece, inopinadamente, como el presidente represor de los agricultores del centro-sur de Chihuahua y los miles de ciudadanos que los respaldan.

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