Opinión
OPINIÓN

Maquinaciones con aroma a negociación

El régimen de Javier Corral ha sido descubierto en su estrategia de 'ratón loco' con el proceso judicial llevado a cabo en la ciudad de Chihuahua contra la alcaldesa Maru Campos Galván

LA COLUMNA
de El Diario

jueves, 01 abril 2021 | 06:00

-Maquinaciones con aroma a negociación

-Ni a media esquina Cabada-Murguía

-Ocultan quiénes pagan las encuestas

-Ni protocolos ni seguridad a candidatos

El régimen de Javier Corral ha sido descubierto en su estrategia de “ratón loco” con el proceso judicial llevado a cabo en la ciudad de Chihuahua contra la alcaldesa Maru Campos Galván.

El anzuelo ha sido mordido incluso por Morena que instaló desde el martes una verbena en las afuera de la Ciudad Judicial exigiendo que sea vinculada Maru a proceso.

Ni martes ni miércoles aparecieron en las audiencias los famosos testigos protegidos de la Fiscalía General del Estado que presumiblemente “hundirían” a la célebre aspirante blanquiazul.

Resulta evidente que a la Fiscalía no le conviene presentar a sus testigos estrella porque los expondría a interrogatorios que irían lejos, mucho más lejos de la famosa nómina secreta duartista de la que es acusada la candidata junto con varios exdiputados, la jefa estatal del Partido Verde, María Ávila, y el priista Rodrigo de la Rosa.

Un castillo de arena es más sólido que el construido por Corral y su Fiscalía General del Estado. Sus testigos protegidos lo son también de todos los expedientes X y están involucrados prácticamente en toda la mentada “operación justicia para Chihuahua”.

Nomás falta que frente a semejante escenario la siguiente etapa del proceso incluya la negociación entre el gobernador y su compañera de partido no por generosa ni solidaria reconciliación sino por conveniencia para el susodicho cuando ande a salto de mata.

El jueves de la semana pasada, un día antes de venir a Juárez para asistir a la gira de Andrés Manuel López Obrador, el último previo a sus enésimas vacaciones, Corral comió en Palacio de Gobierno con Mario Vázquez Robles, operador de operadores de Maru.

Quizá ahí fueron sentadas algunas bases para los posibles acuerdos. Ya lo veremos.

Por lo pronto, las protestas de Morena contra el Poder Judicial y las esperanzas de la presidenta estatal del DIF, Cinthia Chavira, porque dicho órgano “se conduzca en forma imparcial y a la altura de su propia circunstancia” quizá deban ser redirigidas a Palacio de Gobierno, donde han sido y están siendo armadas todas las maquinaciones.

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De lejecitos y con suficiente sana distancia será el desarrollo de las campañas de “Dany” Murguía Lardízabal y Armando Cabada; el primero por el primer distrito electoral federal, el segundo en tercer lugar de la lista plurinominal de la primera circunscripción.

Ambos proyectos van por Morena. Ayer dijimos que en algún momento coincidirían y las irónicas circunstancias los colocarían en la necesidad de trabajar en sintonía y hasta armar cuartos de guerra conjuntos.

Nada. Agua y aceite. Ni a media esquina. Sigue fluyendo sangre lentamente, pero sin cesar por las heridas abiertas entre los “Tetos” Murguía y Cabada. Primero Calvino se levantará de su tumba y pedirá perdón por haber dividido a la Iglesia Católica que reunirse Dany-Teto con Cabada.

No hay deseo entre las partes de fumar la pipa de la paz. Así de simple y sencillo. Enarbolarán las banderas del mismo color AMLO a lo largo de la campaña pero cada cual por su propio rumbo.

Se entiende que el exdiputado priista Murguía andará solo con su soledad por los candentes municipios de la zona noroeste que forman parte del distrito uno, ayudado solo por la figura del candidato a gobernador, Juan Carlos Loera; mientras Cabada va de la mano con su amigo postulado para la alcaldía, Cruz Pérez Cuéllar; y también con el propio Loera de la Rosa. Trabajará con ellos aunque no requiera necesariamente hacer campaña.

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Si hasta la fecha el bombardeo de encuestas de preferencias electorales ha sido incesante, lo que se viene para las próximas tres semanas habrá de rebasar todos los límites históricos de este tipo de ejercicios de medición de la opinión pública.

Están registradas ante los institutos electorales nacional y local alrededor de una decena de agencias dedicadas a esta tarea, que igual elaboran estudios con fines meramente publicitarios que verdaderas herramientas -esas sí no se publican- útiles para la toma de decisiones de los candidatos.

El problema que se advierte desde el INE y el IEE es que priva una simulación enorme, tolerada por las autoridades electorales, en cuanto a los detalles que cada casa encuestadora debe reportar en sus informes.

Entre los indicadores que deben señalar se encuentran quién realizó la encuesta, quién la publicó, en cuáles medios lo hizo, metodología, margen de error y hasta tasa de rechazo al estudio por parte de las personas que contestan los interrogatorios.

En la mayoría todas las agencias cumplen con el estándar mínimo, algunas con mayor detalle que otras, algunas con evidentes fallas en su marco o con el profesionalismo apenas exigible a un estudiante universitario.

Pero hay un detalle que se pasa por alto y que es de fundamental importancia: quién paga las encuestas, renglón obligatorio que se contempla en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el reglamento de elecciones.

En todos los casos las agencias se ponen como patrocinadoras de sus propios estudios, que pueden ir de los 12 mil a más 100 mil pesos, según sus costos de diseño oficialmente reportados; con descarado disimulo todas dicen asumir esos gastos, cuando la realidad es que cobran a otros por realizarlos.

Aquí la tolerancia de la autoridad electoral es descomunal. Aunque sea una vil mentira, así se permiten realizar esos reportes, sin mencionar quién pagó determinada encuesta o, sin el mínimo rigor, asentando que fue un gasto de la propia casa encuestadora.

Luego no se explican el desplome en la credibilidad de dichos estudios de preferencias y de las propias autoridades electorales.

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El comisionado estatal de Seguridad, Francisco Israel Galván Jaime, se comprometió a la entrega de un diagnóstico integral para los partidos políticos y los organismos electorales, sobre los riesgos que se enfrentan en la elección actual.

Hasta la fecha el funcionario estatal, que debe tener focos rojos en los 67 municipios de la entidad, no ha cumplido con reportar sus conclusiones, ni desde la CES se ha diseñado un esquema de protección a partidos o candidatos.

Así como no hay protocolos sanitarios para un proceso electoral en medio de una pandemia, tampoco los hay para garantizar la seguridad tanto de abanderados como de otros participantes en la elección, desde los funcionarios hasta la ciudadanía que participa en la organización.

Por sentido común, y según lo que las autoridades estatales expusieron en dos reuniones a los líderes de los partidos y a funcionarios electorales, hay amplias zonas en el noroeste y la sierra donde el crimen trata de influir en las elecciones. Para eso utiliza lo que mejor sabe hacer, infundir temor.

Pero de ahí no ha pasado la acción de la autoridad. No hay un mapa de riesgos y menos recomendaciones de seguridad o medidas de auxilio.

Con las campañas a punto de empezar el próximo domingo, es de suponerse que así como no habrá diagnóstico certero, menos habrá un entorno seguro para todos en los dos meses que separan el comienzo de la campaña de la jornada electoral.