Opinión

Violencia política en materia electoral

El Consejo Estatal del IEE aprobó los lineamientos en materia de prevención, atención y erradicación de violencia política contra las mujeres en razón de género

Gerardo Cortinas Murra
Analista

lunes, 16 noviembre 2020 | 06:00

El Consejo Estatal del IEE aprobó los lineamientos en materia de prevención, atención y erradicación de violencia política contra las mujeres en razón de género, dirigido a “los partidos políticos con acreditación local, personas dirigentes, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos postulados por ellos o a través de coaliciones y, en general, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de éstos”.

Asimismo, se precisa que los lineamientos tienen el propósito de establecer “las bases para que los partidos políticos con acreditación local, garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, libres de violencia, mediante mecanismos para la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político”.

En otras palabras, estos lineamientos son aplicables a las personas que tengan alguna relación con el Panal Chihuahua. Para el caso de los partidos políticos nacionales, aplicarían los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional del INE.

Sin embargo, de manera inexplicable, se establece que la violencia política también “se puede perpetrar indistintamente por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatos y candidatas postuladas por los partidos políticos o coaliciones y, en general, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de los partidos políticos”.

Y no sólo eso, se extiende el listado de sujetos activos: la violencia política también “puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares”.

En otras palabras, todos podemos ser sujetos activos de violencia política, ¿Qué caso tiene entonces aprobar unos lineamientos dirigidos, supuestamente, al único partido político con acreditación local?

Por otra parte, el catálogo de las causales de violencia política está para morirse de risa. Al extremo de aceptar “cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, o bien, que desempeñen labores intrapartidarias que afecten sus derechos políticos-electorales”.

Y por si esto fuera poco, en los lineamientos se consigna la regla del “3 de 3 contra la violencia”, que consiste en la obligación de los “aspirantes a una candidatura para firmar –de buena fe y bajo protesta de decir verdad– un formato” donde acepten que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos:

a. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.

b. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

c. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

Semejantes exigencias, se traducen en una excesiva e indebida reglamentación de los requisitos de elegibilidad plasmados en la Constitución del Estado, para ser candidatos a gobernador, diputado y miembro de un ayuntamiento; el de no haber sido condenado a pena mayor de un año de prisión en los últimos diez años por delito intencional.